La propuesta, que se ha elevado al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, pidiendo la considere e impulse, pretende colmar el vacío normativo existente en el ordenamiento jurídico español respecto de la efectividad de las decisiones que sobre casos concretos adoptan los órganos de seguimiento de la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos, como puede ser la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

El pasado 10 de diciembre de 2020, coincidiendo con el Día Mundial de los Derechos Humanos, el CERMI y la FDyD organizaron un seminario monográfico de estudio dedicado a este asunto, del que salió el compromiso de preparar una propuesta de reforma legislativa acerca de cómo debería regularse en el Derecho español esta dotación de efectividad a las decisiones de órganos de seguimiento de tratados.

 

A juicio de las entidades sociales proponentes, la protección jurídica que proporcionan los tratados internacionales de derechos humanos no resulta completa si no se establece en el Derecho español qué efectos dar a las decisiones de los órganos que velan por su cumplimento, dejando en al indefensión a nacionales que obtuvieron ese amparo, lo que requiere modificar leyes importantes como la Orgánica del Poder Judicial, las reguladoras de cada jurisdicción, la de tratados internacionales y la de el régimen jurídico de las Administraciones Públicas.  

 

La propuesta íntegra puede consultarse en este enlace.